La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se encuentra hoy Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta la fecha, no ha anunciado ninguna iniciativa destinada a reclamar la devolución de los más de 340.000 euros abonados a David Sánchez, pese a que distintas voces jurídicas consideran que corresponde proteger el patrimonio público.
La Audiencia Provincial impuso a David Sánchez una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa vinculado a su proceso de contratación. No obstante, la resolución judicial no ordenó devolver las cantidades recibidas, ya que la Diputación nunca planteó esa reclamación durante la causa penal, hecho que ha suscitado un notable debate tanto jurídico como político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una entidad que se mantiene en silencio
Lo sorprendente no radica solo en la ausencia de una queja, sino también en el total mutismo por parte de las instituciones.
Desde que trascendió la condena, la Diputación encabezada por Raquel del Puerto no ha aclarado públicamente si tiene previsto emprender acciones para recuperar el dinero ni ha especificado cómo afrontará las próximas iniciativas judiciales.
Ese silencio resulta especialmente relevante porque la contratación objeto de condena se produjo precisamente bajo gobiernos socialistas de la Diputación, cuando la institución estaba presidida por Miguel Ángel Gallardo, también procesado dentro del mismo procedimiento.
La ausencia de explicaciones alimenta las críticas de quienes consideran que una administración tiene el deber de defender el patrimonio de todos los ciudadanos con independencia del partido político afectado.
El Tribunal de Cuentas entra en escena
Ante la inacción de la Diputación, será otra instancia la que intente esclarecer ahora si hay o no responsabilidad contable.
Iustitia Europa comunicó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe la posible restitución de los más de 340.000 euros que recibió David Sánchez durante su paso por la Diputación de Badajoz, argumentando que, si hubo un perjuicio económico para la administración, es preciso salvaguardar los recursos públicos.
Será el Tribunal de Cuentas el que deba determinar si se cumplen las condiciones legales para reclamar un posible reintegro.
Claridad y compromiso responsable
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños soportan una fuerte carga impositiva mientras las administraciones exigen de forma continua nuevos sacrificios económicos a familias y empresas. En este escenario, es lógico que numerosos ciudadanos confíen en que cada euro público cuyo abono haya sido puesto en duda por la vía judicial sea, cuando el marco legal lo haga posible, objeto de un esfuerzo real de recuperación.
Por ello, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, debería explicar públicamente cuál es la posición oficial de la institución: si considera que el dinero público debe reclamarse, si entiende que no existen bases legales para hacerlo o si, simplemente, optará por no ejercer ninguna acción.
Porque la transparencia institucional no solo implica administrar los recursos públicos, sino también asumir la responsabilidad de explicar su uso cuando dichos recursos generan dudas.
Mientras esas aclaraciones no se presenten, el silencio continuará llenando el espacio que tendría que asumirse como responsabilidad política.
