La pieza SEPI del caso Leire vuelve a apuntar hacia ENUSA, una de las entidades públicas que forma parte del perímetro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En esta ocasión, la atención se centra en Rosario Arévalo Sández, quien desempeña el cargo de directora corporativa en ENUSA y anteriormente fue consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, siendo citada como investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una causa que investiga presuntos amaños en operaciones relacionadas con empresas públicas.
Junto a otros funcionarios y exdirectivos de instituciones públicas, su denominación figura en una investigación que examina potenciales infracciones relacionadas con tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, conformación de organizaciones o grupos criminales y aprovechamiento indebido de información confidencial. La convocatoria de Arévalo no constituye una sentencia condenatoria ni implica responsabilidad penal, aunque lo somete a la vigilancia de los tribunales en una de las ramificaciones más sensibles del caso Leire: aquella que impacta a empresas vinculadas a la administración estatal.
Rosario Arévalo no es una figura irrelevante dentro del sector público. Su trayectoria combina responsabilidades políticas y cargos en empresas públicas. Fue consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en ENUSA, compañía estratégica dedicada al suministro de combustible nuclear y a servicios tecnológicos e industriales. Precisamente por ese perfil, su presencia entre los investigados eleva el impacto político de la causa.
La investigación trata de determinar si determinadas operaciones vinculadas a ENUSA y a otras entidades del entorno SEPI pudieron estar condicionadas por una red de influencias. Según las informaciones publicadas, los investigadores sospechan que el grupo situado alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habría intervenido en distintas operaciones con empresas públicas para obtener comisiones o ventajas económicas. En ese mapa, ENUSA figura como una de las sociedades bajo examen.
La sospecha central no reside únicamente en una decisión administrativa concreta, sino en la posibilidad de que cargos o directivos con acceso a información interna pudieran facilitar datos, favorecer contactos o abrir puertas a intereses privados. Esa es la dimensión más grave del caso: la eventual utilización de empresas públicas como plataformas de influencia al servicio de operaciones ajenas al interés general.
Arévalo se encuentra vinculada a ENUSA en un momento en el que dicha compañía integra el conjunto de organizaciones sometidas a supervisión por parte de la Audiencia Nacional. La investigación trasciende el rescate de Tubos Reunidos, si bien esa operación constituye uno de los pilares fundamentales, abarcando asimismo otros posibles movimientos en Mercasa, ENUSA, Forestalia, el Parque Empresarial Principado de Asturias y demás entidades relacionadas con la SEPI.
La investigación de una directiva corporativa de ENUSA requiere esclarecer con precisión cuál fue su participación concreta en los hechos. Corresponde a la instrucción establecer si participó en alguna operación sospechosa, si estuvo al tanto de gestiones irregulares, si proporcionó información delicada o si su comparecencia obedece a la necesidad de reconstruir cómo funcionaba internamente la compañía respecto a las actuaciones que se investigan.
Desde una perspectiva institucional, el caso es especialmente incómodo. ENUSA gestiona actividades de alto valor estratégico para el Estado, y cualquier sombra sobre su gobernanza deteriora la confianza en el sistema de control de las empresas públicas. Cuando una directiva de este nivel termina citada como investigada en una causa sobre presuntos amaños, la pregunta es inevitable: ¿funcionaron correctamente los filtros internos o existieron espacios opacos donde pudieron actuar intermediarios con conexiones políticas?
La acusación contra Rosario Arévalo intensifica aún más la dimensión política de este asunto, al incorporar otro nombre vinculado a un pasado institucional de orientación socialista a un elenco que ya comprende personalidades de alto rango, antiguos directivos y titulares de cargos en organismos de carácter público. Dicha concentración de imputados refuerza la idea de que la pieza SEPI constituye mucho más que un hecho puntual, revelándose como una pesquisa cuyas ramificaciones se extienden profundamente a través de la compleja red público-empresarial.
El caso Leire ha dejado de ser una investigación sobre intermediarios y conversaciones oscuras. Con nombres como el de Rosario Arévalo, la causa entra de lleno en el corazón de las empresas públicas. Y cuando el sector público empresarial aparece bajo sospecha, el silencio ya no es una opción aceptable.
Procedencia: El País, RTVE, Onda Cero, El Economista, Diario de Sevilla y Europa Press.
